Quito, Ecuador; 22 de diciembre del 2025.– A un año y catorce días de la tragedia que enlutó al barrio Las Malvinas, en Guayaquil, la justicia ecuatoriana dictó una sentencia histórica. El Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Guayas condenó a 34 años de prisión a 11 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), declarados autores directos del delito de desaparición forzada en contra de cuatro menores de edad.
El rastro de una “empresa criminal”
Los hechos se remontan al pasado 8 de diciembre, cuando Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda fueron interceptados por una patrulla militar de 16 efectivos mientras regresaban de un partido de fútbol.
Según el fallo judicial, los uniformados omitieron su deber de entregar a los niños a la Policía Nacional. En su lugar, el tribunal subrayó que actuaron como una “empresa criminal”, trasladando a las víctimas a una zona desolada donde fueron abandonadas en condiciones de vulnerabilidad absoluta.
A pesar de que inicialmente las autoridades militares y figuras cercanas al Ejecutivo sugirieron que los menores podrían estar vinculados a bandas delictivas, la sentencia fue enfática en desmentir estas versiones, ordenando medidas de reparación para restaurar el honor de las víctimas.
Detalles de la sentencia y vacíos legales
La resolución judicial también estableció lo siguiente:
– Colaboradores: Cinco militares recibieron una pena reducida de 33 meses tras acogerse a la figura de cooperación eficaz.
– Absolución polémica: El jefe de la patrulla, teniente coronel Juan Francisco Iglesias, fue ratificado en su inocencia pese a que los indicios señalaban que estaba al tanto del operativo.
– Investigación por asesinato: Este fallo solo cubre la desaparición. La Fiscalía mantiene abierta una indagación previa en Quito para determinar si los mismos militares fueron quienes mutilaron e incineraron a los menores, cuyos cuerpos fueron hallados el 31 de diciembre pasado a 30 kilómetros de su detención.
Reparación Integral y No Repetición
El tribunal no sólo impuso penas privativas de libertad, sino que ordenó un esquema de reparación para las familias afectadas:
1. Indemnización económica: Cada sentenciado deberá pagar 10,000 dólares a cada familia.
2. Actos simbólicos: La FAE y el Ministerio de Defensa deberán realizar una ceremonia de desagravio en la base de Taura y colocar una placa conmemorativa con los nombres de los niños.
3. Disculpas públicas: El Estado debe aclarar oficialmente que los menores no eran delincuentes, rebatiendo la desinformación difundida en redes sociales por allegados al gobierno.
4. Capacitación: Los militares involucrados deberán cursar 120 horas anuales en derechos humanos y protocolos de intervención civil para evitar la repetición de estos hechos.
”Se busca restaurar el honor de los niños frente a las versiones falsas que circularon”, reza el dictamen judicial.
DGLJ