Por: Agencia Reforma
CDMX, México; 25 de noviembre.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma que amplía el catálogo de delitos ambientales e incrementa las penas de los delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental.
La reforma, que modifica el Código Penal Federal, aumenta de un rango de seis meses a dos años de prisión a entre dos y siete años de prisión la pena a quien quebrante los sellos puestos por la autoridad competente, la cual aumentará hasta una tercera parte cuando tras el quebrantamiento de sellos se continúe con la conducta que originó la imposición de la sanción.
Las modificaciones fueron avaladas por unanimidad, con 460 votos, luego de que el Pleno aprobó una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y suscrita por los coordinadores parlamentarios de cinco de las seis bancadas, a excepción de Movimiento Ciudadano.
La reforma establece una pena de entre uno y nueve años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recursos foresta maderable; a quien corte, arranque, derribe o tale árboles se les aplicará una sanción de dos a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, y para quien afecte Áreas Naturales Protegidas, las penas aumentarán hasta en 20 años de prisión y hasta 10 mil días de multa.
Cuando estos delitos se realicen usando armas de fuego o por medios violentos, la pena aumentará hasta en 15 años de prisión y hasta ocho mil días de multa.
Duplica también las penas para quien transporte, comercie, enajene, distribuya, suministre, acopie, compre, reciba, adquiera, almacene, resguarde, posea o transforme materias primas forestales o productos forestales maderables cuando estos provengan de Áreas Naturales Protegidas y el volumen no exceda dos metros cúbicos.
De ahí, con esta agravante, las sanciones podrían alcanzar hasta 24 años de cárcel.
Los diputados incrementaron también de uno a 10 años de prisión y de 458 a 4 mil 585 días de multa a quien críe, entrene, posea, transporte, compre o venta a un perro para exhibición, espectáculos o peleas, para quien organice, promueva o anuencia peleas de perro u ocasione que menores de edad asistan o presencien este tipo de actos.
La modificación establece que será un delito que ameritará sanciones de entre uno y cuatro años de prisión generar, usar o difundir información falsa o simulada ante autoridades ambientales para obtener registros, constancias, reconocimientos, distintivos, certificados de desempeño ambiental o cualquier otra relacionada con la gestión ambiental.
Las sanciones, establece, serán aplicables a las personas jurídicas y a sus administradores.
La panista Diana Estefanía Gutiérrez dijo que si bien endurecer penas es necesario, lo consideró insuficiente, porque aunque la ley avanza, señaló, el presupuesto retrocede.
“Hoy aprobamos sanciones fuertes, sanciones que fortalecen nuestra legislación, pero las instituciones encargadas de aplicarlas siguen debilitadas. Vemos a la Profepa con menos inspectores, a la Conanp sin guardaparques suficientes, a la Conafor enfrentando incendios sin recursos y la Semarnat recortada año tras año. Así, ¿cómo esperan que se cumpla la ley?”, cuestionó.
La legisladora advirtió que si realmente se quiere proteger el medio ambiente, no basta con reformar el Código Penal, sino que son necesarios recursos humanos, técnicos y financieros para que las autoridades puedan vigilar, sancionar y verdaderamente actuar.
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que la reforma es positiva, pero no alcanza ante la crisis ambiental que vive el País.
“Es un avance, pero es un avance pequeño para un problema enorme, porque aumentar penas no frena la deforestación, aumentar penas no detiene el tráfico de especies, aumentar penas no reforesta a una montaña ni limpia un río ni recupera un ecosistema quemado”, dijo.
Recordó que, de acuerdo con la Conafor, más de 900 mil hectáreas se quemaron en el País y el 90 por ciento de los incendios son provocados para cambiar el uso de suelo, para expandir actividades ilegales, para desplazar comunidades y para abrir paso a intereses económicos que destruyen sin consecuencia.
“México está perdiendo sus bosques más rápido de lo que los está protegiendo y mientras tanto, ¿qué hace el Estado? ¿Dónde están las estrategias de prevención? ¿Dónde está el fortalecimiento real de la Profepa y Conafor? ¿Dónde están los presupuestos que hemos exigido para vigilancia, monitoreo, restauración y combate a delitos ambientales? El presupuesto ambiental en México sigue siendo uno de los más bajos de América Latina y eso también es una forma de violencia ambiental”, advirtió.