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Los jurisperitos recuerdan que la ley establece un margen amplio para multas, que va desde los 20 hasta los 5,000 salarios mínimos
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Jueza es removida en Tamaulipas tras imponer multa excesiva de $1.3 millones a abogada litigante

Los jurisperitos recuerdan que la ley establece un margen amplio para multas, que va desde los 20 hasta los 5,000 salarios mínimos

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Autor: Agencias
27 de noviembre de 2025 a las 20:35 · 333 Vistas · 2 min de lectura

Por: La Jornada

Ciudad Victoria, Tamps. – El Órgano de Administración Judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJT) ha destituido temporalmente del nuevo sistema penal acusatorio a la jueza Mónica Pérez Chapa. La togada fue reasignada al sistema penal tradicional después de que impusiera una multa económica de $1.3 millones de pesos a una abogada litigante durante una audiencia oral.

Aunque el STJT, en un comunicado oficial, se reservó la identidad de la jueza citando la protección de datos personales y la presunción de inocencia, juristas consultados confirmaron el nombre de Pérez Chapa.

La medida disciplinaria busca garantizar que el nuevo sistema penal acusatorio se apegue a las facultades administrativas previstas en la ley, y permitirá que el órgano disciplinario revise si el desempeño de la juzgadora fue pertinente y si se apegó al procedimiento legal.

Cuestionamientos del Gremio y Exceso en la Sanción

El incidente ha generado una fuerte reacción en las barras y colegios de abogados de las 13 ciudades de Tamaulipas, quienes cuestionaron en plataformas digitales tanto la actuación de la jueza como la lentitud de la autoridad judicial para tomar medidas correctivas tras viralizarse el video de la audiencia.

Según expertos en derecho, tras analizar el video de referencia, resulta complicado justificar la imposición del máximo legal permitido como sanción, y no otra cantidad menor. Los jurisperitos recuerdan que la ley establece un margen amplio para multas, que va desde los 20 hasta los 5,000 salarios mínimos.

El STJT subrayó que las acciones tomadas son de carácter institucional, orientadas a mejorar la impartición de justicia y asegurar la capacidad jurisdiccional conforme al debido proceso en el estado.

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