Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir los delitos ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) instaló en Coahuila la Mesa Ambiental de Seguridad, en la que participan autoridades federales, estatales y de seguridad para fortalecer la defensa del patrimonio natural del estado.
Durante el encuentro las dependencias acordaron una hoja de ruta estatal para atender de manera articulada problemáticas como la tala ilegal, el tráfico de especies silvestres, el aprovechamiento irregular de recursos en ríos y áreas naturales protegidas, así como los cambios de uso de suelo no autorizados, especialmente en zonas forestales y de conservación.
La Mesa está integrada por la Semarnat, Sedena, Guardia Nacional, FGR, Conafor, Conanp, Conagua y Segob, bajo la coordinación de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en Coahuila de Zaragoza.
Estas acciones se enmarcan dentro de la Mesa de Judicialización, donde la Profepa funge como responsable del eje de Inspección y Vigilancia, y donde se impulsa una estrategia conjunta que incluye capacitaciones y operativos coordinados, con el fin de fortalecer la seguridad ambiental en el estado.
Venta ilegal de terrenos en zona protegida, bajo la lupa
La instalación de esta Mesa cobra especial relevancia tras los recientes casos de venta irregular de terrenos en zonas naturales protegidas, detectados en Saltillo y reportados por esta casa editora en el mes de septiembre.
De acuerdo con autoridades municipales, se trata de lotes de 8 metros de frente por hasta 20 metros de fondo, ubicados dentro de una zona de amortiguamiento y área protegida decretada desde 1996 y actualizada oficialmente en 2017, la cual forma parte del Plan Director de Desarrollo Urbano 2020.
Sobre los supuestos documentos de propiedad que se han mostrado para justificar la venta, resultarían apócrifos, por lo que la autoridad advirtió que quien pretenda comercializar dichos terrenos estaría incurriendo en diversos delitos, no sólo en materia ambiental, sino también en fraude contra los compradores.
La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro, señaló que no se autorizará la instalación de servicios básicos como agua potable ni energía eléctrica, y que Seguridad Pública, Tenencia de la Tierra y Desarrollo Urbano mantienen operativos permanentes para evitar asentamientos irregulares, como el efectuado el pasado 3 de julio, cuando se detectó desmonte y se colocaron sellos de suspensión.
Además del impacto ambiental, los terrenos se ubican entre dos arroyos que en temporada de lluvias arrastran agua proveniente de la sierra, lo que representa un riesgo latente para quienes compren y construyan.
La autoridad recordó que los responsables ya enfrentan procedimientos ante la Propaec y Profauna por ecocidio debido a la afectación de especies endémicas del sector.
Por este motivo la instalación de la Mesa Ambiental de Seguridad, la Profepa y las dependencias involucradas buscan cerrar el paso a la impunidad ambiental, atender de manera conjunta los delitos ecológicos y garantizar el derecho de los coahuilenses a un medio ambiente sano, mediante acciones firmes tanto en el ámbito penal como administrativo.
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